JUAN SORIANO
MÉRIDA.
Jueves, 24 de marzo 2022
La Junta de Extremadura creará un fondo de garantía que permita avalar el préstamo de la vivienda habitual a quienes no tengan acceso al crédito, especialmente jóvenes. Será una de las medidas contenidas en el próximo plan autonómico de vivienda, que aborda su última fase de elaboración.
La consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Leire Iglesias, expuso ayer en la Asamblea las líneas básicas de un plan que aspira a afianzar la función social de la vivienda como un derecho «en condiciones dignas y adecuadas». Asimismo, se adaptará a las nuevas necesidades y tipos de familias, para lo que tomará como base la participación de todos los agentes implicados.
Iglesias apuntó que el plan contará con seis retos y nueve objetivos generales, así como multitud de actuaciones «que hay que ultimar y cuantificar».
Entre las acciones previstas destaca la creación de un marco normativo para asegurar la función social de la vivienda, para lo que se modificará la ley autonómica que fue aprobada en 2019 con el objetivo de incorporar el citado fondo de garantía para la concesión de avales.
Asimismo, el plan incidirá en la creación de productos asequibles para que las familias no deban destinar más del 30% de sus ingresos a la financiación de su vivienda. Según dijo, en Extremadura la media está por debajo de ese porcentaje, «pero no para todo el mundo».
Por ese motivo, se incrementará el parque de vivienda protegida, pero con una nueva tipología, la de alquiler asequible, y de propiedad tanto pública como privada. Como recordó, la consejería dispondrá de cerca de 17 millones de euros de los fondos europeos de recuperación para la construcción de 350 viviendas. Los ayuntamientos de Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia y Navalmoral de la Mata ya han ofrecido suelo para una iniciativa que además permitirá incidir en los precios del alquiler.
Junto a esto, la Consejería de Movilidad abordará el cumplimiento de la recientemente aprobada ley de medidas para combatir el reto demográfico. Con ese fin, se mantendrá la línea de ayudas a jóvenes para la adquisición de viviendas, pero se elevará de 5.000 a 10.000 el tope de habitantes de las localidades en cuestión, lo que abarca más del 96% de las poblaciones extremeñas. Asimismo, recordó que la región dispondrá de 12 millones de euros para el bono de alquiler joven. Además, se mantendrá la apuesta por la autopromoción «como modelo de éxito».
Leire Iglesias también anunció que la Junta de Extremadura modificará la citada ley de 2019 para regular un impuesto a grandes tenedores de viviendas vacías, una actuación pendiente.
Esa norma, que fue pactada con Podemos, incluyó el compromiso de crear ese impuesto en el año 2020, pero se aplazó a la espera de una ley nacional. Ahora se recupera esa iniciativa, a lo que se añadirá la elaboración de un censo de viviendas vacías en colaboración con los ayuntamientos de la región y la creación de un gravamen por no cumplir con su función social.
En cuanto a las viviendas sociales, se incrementará el parque regional, se mejorará su estado y se fomentará la gestión por parte de sus inquilinos.
La rehabilitación y la eficiencia energética será otra de las bases del plan, ya que el 92% de las viviendas de la región son anteriores a la aprobación del código técnico de la edificación.
También para los más desfavorecidos, anunció que los menores no podrán «en ningún caso» ser desalojados de su vivienda «sin un mecanismo de protección adecuado». Asimismo, la Junta garantizará las condiciones de habitabilidad para evitar hacinamientos, como los que se producen con la llegada de temporeros.
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