El Ayuntamiento no podrá disponer de los 2'5 millones de euros de remanente

El pasado miércoles 5 de agosto, se celebraba en el Salón de sesiones del Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra el Pleno municipal en sesión extraordinaria, con la participación de los miembros de la Corporación municipal. La reunión plenaria tuvo como puntos del orden la aprobación de la modificación provisional de las Normas Subsidiarias del planeamiento de Fregenal, del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible, dentro del proyecto RED URBANSOL, dación de cuenta sobre la adscripción de la concejal Laura Boza al Grupo Popular, con los nombramientos como representante de la Corporación Municipal en distintos órganos colegiados, y la moción presentada por el PP sobre el acuerdo entre Hacienda y la FEMP.

En los cuatro primeros puntos del orden del día se mostró sintonía y consenso entre Gobierno y oposición, destacando ambos grupos los cambios positivos para las empresas frexnenses en cuanto a las Normas Subsidiarias del planeamiento de Fregenal y la aprobación del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible, promovido a través de la Diputación de Badajoz. También hubo unanimidad en los nombramientos de representación de la concejal popular para los órganos colegiados en los que participaba su predecesora, Carmen Carrasco.

Moción sobre el gasto en Entes Locales

En cuanto a la moción presentada previamente por el Grupo Municipal Popular, se estableció un debate en torno a la legitimidad del acuerdo suscrito entre el Gobierno de España y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), paralelo a la solución que este planteaba a las trabas contables que establece la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.

Esta ley, aprobada en el año 2013 por el Gobierno popular presidido por Mariano Rajoy, contó con la aprobación directa de la actual alcaldesa de Fregenal, como la propia Tina Rodríguez reconoció en el pleno. Según la entonces senadora, aunque esta legislación «permitió aumentar el ahorro en las arcas municipales», reconoce que «no era una ley que cumpliera la necesidad de los Ayuntamientos». Entre otros aspectos, la Ley de racionalización impide a los consistorios hacer uso de los remanentes de tesorería, auspiciando un ahorro obligatorio para los Ayuntamientos que en 2013 fue impuesto en base al principio de estabilidad presupuestaria promovido en la reforma constitucional de 2011.

No obstante, la primera edil apuntó a una «vulneración del consenso de la FEMP» con el último acuerdo firmado y aprobado con el único voto positivo del PSOE. Según la alcaldesa este acuerdo pretende «incautar el superávit de los Ayuntamientos». Por ello, la moción del Grupo Popular se encamina, en palabras de la alcaldesa, a «defender el dinero de nuestros vecinos» dado que considera que los miembros de la Corporación municipal son «los que conocemos mejor los problemas, con nombres y apellidos».

Actualmente el superávit del Ayuntamiento de Fregenal asciende hasta los 426.463,06 euros, mientras el remanente suma 2.582.580,17 euros, en términos aproximados. Un cupo que, con base al actual acuerdo del Gobierno y la FEMP, debería ser transferido al Gobierno de España, siendo este devuelto en forma de transferencias no financieras, liberando así su condicionalidad impuesta por la Ley de racionalización, que impediría su gasto. Es decir, los aproximadamente 2`5 millones de euros quedarían liberados y podrían dirigirse a tres áreas de Agenda Urbana y Movilidad Sostenible, Cuidados de Proximidad y Cultura, siempre que fuesen enviados previamente a las cuentas del Gobierno central. Aun así, la alcaldesa apunta a «un chantaje del Gobierno de España», que no libera la condicionalidad de los remanentes y el superávit, impidiendo así la discrecionalidad de los Ayuntamientos, con niveles de autonomía previos a 2013.

Posición socialista

Desde el Grupo Municipal Socialista apuntaban a la alcaldesa como responsable de la condicionalidad existente en las cuentas de las Entidades locales, derivada de su participación directa como senadora en la aprobación de la Ley de racionalización. Aun así, la portavoz socialista compartía «que el acuerdo [entre Gobierno y FEMP] no es suficiente; pero es mejor que lo que teníamos con la Ley de racionalización».

Para los concejales socialistas, la clave de este acuerdo es la voluntariedad del mismo, permitiendo a los Ayuntamientos adherirse voluntariamente al mismo, impidiendo así las trabas impuestas por la Ley de 2013. Como apuntaba María José Serrano, esta ley solo permite gastar el remanente en deuda de los Ayuntamientos, pago a proveedores, inversiones económicamente sostenibles, vehículos eléctricos y hasta un 20% en gastos generados por el COVID-19, como se aprobó recientemente.

Según el Grupo Socialista, la única forma legal de liberar este remanente de tesorería sería a través de la vía que se pone a disposición de los Ayuntamientos por el Gobierno de España. Para implementar otra vía, la portavoz socialista apuntaba a la necesidad de redactar una nueva ley orgánica, que requiere mayoría absoluta de Congreso y Senado para su aprobación, y tiempos largos de tramitación parlamentaria.

Réplica y votación

La respuesta del Grupo Popular se dirigió a señalar que la posición socialista se basaba exclusivamente en la disciplina de voto que el PSOE habría impuesto tras la aprobación de este acuerdo entre la FEMP y el Gobierno. La portavoz popular cedió la palabra a la alcaldesa, que respondió a la portavoz socialista tachándola de irrespetuosa, al haber calificado su actuación como «cínica y demagoga» durante su intervención. Del mismo modo, apuntó a que la aprobación de la Ley de racionalización fue desarrollada «por el bien de todos» y pensando «en los ciudadanos de la provincia de Badajoz, y no exclusivamente en los frexnenses, porque eran estos quienes me habían votado como senadora».

El debate finalizó con la votación de la moción, que salió adelante con los votos favorables del Partido Popular. El resultado de la moción y el trascurso de los debates adelantan la posición del Gobierno local acerca del acuerdo entre Gobierno y FEMP. Por tanto, se puede adelantar que el Ayuntamiento de Fregenal no se acogerá a la posibilidad que ofrece el Gobierno de España, vía transferencias, que serían devueltas en un plazo máximo de 15 años y que supondrían de facto la liberalización de los 2,5 millones de euros de remanente con los que actualmente cuenta el Consistorio frexnense. En definitiva, esta partida proveniente del remanente continuará paralizada, y no contabilizará en los próximos presupuestos frexnenses.